Desde el día de ayer, elementos policíacos sitiaron la comunidad de Xochicuautla en el municipio de Lerma en el Estado de México para hacer esto:
El desalojo del que fueron víctimas los habitantes de la localidad se debe a la construcción de la autopista Toluca- Naucalpan. Esta obra pública está a cargo de la constructora Treya, filial de grupo HIGA, del señor Juan Armando Hinojosa. Tras años de lucha en contra de esta obra que atenta contra el patrimonio del pueblo otomí, ayer la fuerza pública derrumbó casas y atacó a pobladores sin ningún aviso ni orden judicial.
Aunque la violencia del ataque se incrementó desde ayer, el pueblo otomí lleva años tratando de resistir y detener esta obra que agrede derechos fundamentales. Para tener un poco más claros los motivos para no permitir esta obra y solidarizarnos con Xochicuautla, les dejamos 8 puntos para entender por qué de verdad tenemos que estar alerta.
1. La obra: del despojo disfrazado de progreso
En 2007, en plena gobernatura de Enrique Peña Nieto, el Estado de México aprobó la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan. El trazo de la obra atraviesa el Gran bosque otomí-mexica, y daña tierras comunales de San Francisco Xochicuautla, San Lorenzo Huitzizilapan, Santa María Atarasquillo y Ayotuxco. Los habitantes de estas poblaciones, que no tienen más de seis mil habitantes, se enteraron de la aprobación de la obra cuando descubrieron materiales de construcción dentro de sus tierras. No hubo ni aviso, ni mucho menos una consulta para la invasión y el despojo.
2. Permisos con manita de puerco
Después de que los habitantes de la comunidades se opusieran a la construcción de la autopista, el gobierno del Estado de México realizó en 2008 un registro de comuneros para llegar a un acuerdo sobre la compra de las tierras. Dicho registro inscribió a una minoría, y sólo a ellos les dio el derecho a voto en las asambleas. Cabe destacar que esas asambleas siempre tuvieron presencia policíaca y las decisiones ahí tomadas se dieron bajo presión. El gobierno del estado sostiene que llegó a un acuerdo con los comuneros registrados, aunque desconoce que desde 1951, por Decreto presidencial, la comunidad tiene derechos patrimoniales sobre la tierra, y puede decidir por usos y costumbres el destino de ella. Las asambleas de los comuneros no registrados decidieron no aprobar el trazo de la autopista, decisión que es legal.
3. ¿Por qué no a la autopista?
Si los derechos patrimoniales de los comuneros no bastara, hay un cúmulo de razones por las que la autopista no debe realizarse como fue trazada. En primer lugar, están los derechos de los pueblos originarios: el Gran bosque otomí-mexica alberga una ruta sagrada donde se realizan ceremonias como la del Fuego Nuevo, por lo que la obra destruiría el carácter simbólico del lugar. Por otro lado, la autopista causaría la devastación de 960 mil hectáreas del bosque que es una importante fuente de oxígeno y agua de la zona metropolitana. Además, el bosque es una zona protegida por tratados nacionales e internacionales, ya que habitan especies de flora y fauna en peligro de extinción
4. El agua, siempre el agua
Mención aparte merece el daño a los mantos acuíferos que serán causados por la obra. Xochicuautla posee manantiales que abastecen de agua no sólo a distintas comunidades de Lerma, sino también a uno de los pozos que alimenta al sistema Cutzamala. Si la construcción de la autopista se concreta, la producción de agua de la localidad disminuirá en 2 millones de litros al año. Para tener claras las proporciones del asunto, cada habitante de la Ciudad de México, en promedio, consume casi 115 mil litros de agua anualmente, aun con la escasez de los últimos años.
5. Si ya hay camino, pues que haya casitas HIGA
Si bien la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan es lo que más se menciona, ésta es solamente el inicio de un plan inmobiliario para unir Interlomas y la zona del aeropuerto de Toluca. El plan se aprobó desde el sexenio de Peña Nieto, e incluía explotaciones mineras y la construcción de basureros abiertos; sin embargo, ya en el sexenio de Eruviel Ávila se aprobó también la construcción de complejos habitacionales y comerciales en lo que se ha convertido en una de las zonas más exclusivas del poniente de la zona metropolitana. La obra está, por supuesto, a cargo de la constructora preferida del gobierno mexiquense: grupo HIGA.
No sobra recordar que el señor Juan Armando Hinojosa Cantú ha “ganado licitaciones” por más de 54 mil millones de pesos, y le acaban de encontrar un guardadito de 100 millones de dólares en paraísos fiscales, a nombre de su madre y su suegra, las dos octogenarias al igual que María Isabel Hernández García, quien da su testimonio aquí:
7. Amparos, denuncias y quejas en la ilegalidad
Desde el inicio de las obras, los habitantes han interpuesto una serie de denuncias contra el despojo que no han sido debidamente atendidas. Además de impedir con manifestaciones pacíficas la entrada de maquinaria pesada a la zona. Por este motivo, han sido detenidas al menos 22 personas, quienes obtuvieron su libertad pues no se les fincaron cargos.
En 2015, Enrique Peña Nieto autorizó la expropiación de los terrenos para continuar con la obra que ya lleva más de siete años de retraso. Los comuneros se opusieron al decreto, y buscaron un amparo. Actualmente, hay dos juicios de amparo indefinidos. El 14 de marzo de este año, un juez federal ordenó frenar las obras hasta que se resolvieran esos juicios. Sin embargo, la policía estatal hizo caso omiso de esta orden judicial el día de ayer y hoy mismo al intentar derrumbar una capilla de Xochicuautla.
Por otro lado, las comunidades también han recurrido a la CNDH en distintas ocasiones. La institución sólo ha respondido que analizará la legalidad de los hechos, y ha emitido medidas cautelares para evitar el daño a la población. No obstante, los pobladores acusan omisiones por parte de la comisión, la cual no ha actuado con la debida diligencia. El día de ayer, los representantes de la CNDH llegaron 4 horas después del operativo de las fuerzas estatales, y una vez que el derrumbe de propiedades había terminado. Representantes de la ONU están hoy martes en Xochicuautla para evitar que el desalojo continúe.
8. La #LeyEruviel en “legítima defensa”
Con la aprobación de la llamada Ley Atenco o Ley Eruviel, las fuerzas estatales están actuando en contra de la población civil, argumentando la defensa propia o de terceros. Justo ahora, organizaciones acusan que la policía está causando incendios en el bosque y culpando a los pobladores para poder hacer uso de la fuerza.
Desde su aprobación hace un par de semanas, ONG’s señalaron que la Ley Eruviel estaba hecha a medida para impedir las manifestaciones por obras como el nuevo Aeropuerto y la autopista en cuestión.
En apoyo a las comunidades, se está convocando a realizar una valla humana en el bosque para continuar con la protesta pacífica. Para saber de qué manera apoyar a Xochicuautla, sigan la cuenta @Frentedepueblos para enterarse de las actividades que se realizarán.
