por Martí Gil
Iba a empezar este texto platicando que, pasando el temblor del 19 de septiembre, ciertos legisladores en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales (CMARN) decidieron aprobar la Ley General de Biodiversidad (LGB) y algunos cambios a leyes que tienen que ver en general con el medio ambiente y la vida silvestre, con una insensibilidad absoluta ante lo que estaba pasando en por lo menos seis estados de la república y con implicaciones que afectan a la diversidad biológica de nuestro país. Mientras leía al respecto, más me iba encabronando y cambiaba el sentido de lo escrito, las consecuencias políticas y ecológicas de esto son cuantiosas y me parece en estos días se hablará mucho sobre estos temas en diversos medios; sin embargo, hay una cuestión ética que a cualquiera lo saca de sus casillas y trataré en adelante.
La senadora Ninfa Salinas, licenciada en mercadotecnia por la Universidad Anáhuac, según la página de su partido, el “verde ecologista”, y presidenta de la CMARN, presentó en octubre del 2016 una iniciativa con proyecto de decreto para expedir la LGB, reformar ciertas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y abrogar la Ley General de Vida Silvestre (LGVS). En concreto, dicha iniciativa tiene como objeto integrar en un solo ordenamiento la LGEEPA, la LGVS y el Protocolo de Nagoya sobre el acceso a recursos genéticos.
La iniciativa de ley aprobada hace un par de semanas por los senadores del “verde” y su PRImo mayor, es una historia de presión para meterla rápidamente, al vapor, sin un conocimiento profundo del tema, y sin la consulta necesaria con especialistas y la sociedad civil. El mismo documento presentado el 19 de abril del 2017, narra en su página 4, que el sustento de su iniciativa es el resultado de una investigación en conjunto con la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la SEMARNAT realizada entre 2014 y 2015. A finales del 2016, se celebró en México la Cumbre de las Partes (COP) número 13, en la que la senadora Salinas, intentó presentar la LGB a marchas forzadas, argumentando que la investigación estaba sustentada en la labor con la OEA y la SEMARNAT. Tal texto no plantea en ningún momento la necesidad de generar la LGB ni debilitar a las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) ni a la LGEEPA, lo que constituye la primera de varias mentiras. El problema fue, como casi siempre en la legislación, la prisa. Al acelerar el trabajo por “presumir” en la conferencia internacional, logros sin fondo, la senadora se saltó el cumplimiento de los derechos de acceso que conforme a las buenas prácticas internacionales representadas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo o Declarción de Río, que establecen que la mejor manera de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de los interesados, mediante el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia – que parece ser la última de las preocupaciones de nuestros “representantes”.
Afortunadamente, investigadores ambientales y organizaciones de la sociedad civil presentes en la conferencia en Cancún se enteraron por diversos medios y exhibieron la falta de transparencia en la presentación de la iniciativa, la frenaron y comenzaron así un estire y afloje entre la senadora y un importante número de científicos, académicos, organizaciones de la sociedad civil y personas interesadas en la conservación ambiental. La indignación de los investigadores y la sociedad civil cercanos al tema generó desde aquellos momentos muchos textos y peticiones hacia la CMARN y demás legisladores para poder intervenir en la toma de decisiones, muy por el camino ecológico y biológico, y habían logrado frenar el avance hasta el fatídico 19 de septiembre.
Aquí considero interesante plantear unas primeras dudas: ¿está bien que la presidenta de la comisión de la cámara de senadores que se encarga del medio ambiente y los recursos naturales de México sea licenciada en mercadotecnia? ¿No deberían ser los legisladores para cada comisión de las cámaras, tener conocimientos afines a los temas que tratan internamente? Me imagino no es el único caso. Saludos a Carmen Salinas.
Hablando un poco de Ninfa Salinas, quien resulta ser hija de Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, uno de los hombres más ricos del país, además de ser senadora y presidenta de la CMARN, es presidenta de Grupo Dragón, ramita del emporio de su papi que trabaja con energía eléctrica. En 2013, les dieron tres permisos para generar ésta, previo a la promulgación de las leyes que regularían la participación del sector privado. En algún momento se demostró el conflicto de interés existente y la legisladora salió del debate legislativo, recuerda Miguel Barbosa para La Jornada, pero ya estaba hecho el cabildeo.
El conflicto de interés, hasta ahora, es gigantesco, pero vamos a crecerlo un poco más todavía. Nos vamos al 18 de abril del 2017 cuando podemos ver en la sección de empresas de El Financiero, que los tres hijos del dueño de TV Azteca son nombrados vicepresidentes de Grupo Salinas y con un párrafo espectacular dice: “Los nuevos integrantes del Comité traen consigo notable liderazgo y profundo conocimiento del manejo de organizaciones que operan con altos niveles de eficiencia, que ofrecen bienes y servicios de clase mundial y que compiten con éxito en los sectores en los que participan”.
Así, surge un segundo bloque de preguntas: ¿un servidor público, nuestro empleado, que gana su dinero de nuestros impuestos, puede tener otros trabajos? Supongo que sí, al menos Ninfa Salinas lo hace. Pero, ¿han aplicado a una beca en CONACYT? Ahí sí ser becado implica estar de tiempo completo.
Quizás la parte de que sea la presidenta de la CMARN, mientras lidera una empresa de energía eléctrica, que en la foto de su página presume molinos de viento, no es suficiente. Tal vez que tenga otros trabajos no sea relevante en la legislación actual, igual no le alcanza como a los becarios del país para la renta. Pero viene la cereza del pastel: desde finales de la década pasada, Grupo Salinas ha incursionado en la minería.
Clavémonos un poquito en la ley:
El artículo 63 de la LGEEPA dicta en su último párrafo lo siguiente: “Los terrenos nacionales ubicados dentro de áreas naturales protegidas de competencia federal, quedarán a disposición de la Secretaría, quien los destinará a los fines establecidos en el decreto correspondiente, conforme a las disposiciones jurídicas que resulten aplicables”. Con “terrenos nacionales” se refiere a los que no son de ejidos, comunidades agrarias o indígenas, ni de personas privadas, o sea son del Estado y, por mandato de ley, deben destinarse a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (ANPs) para asegurar que sean conservados o usados sustentablemente. Haciendo una búsqueda sencilla en la red, me encontré con dos ejemplos en los que medios distintos llaman la atención del crecimiento minero del Grupo Salinas en años recientes en los estados de Chiapas y Baja California Sur, que además tienen una relación con ANPs.
Natural generar nuevas preguntas entonces: ¿sabían que dentro de las ANPs se puede practicar la minería? ¿Cómo es que la academia no se ha pronunciado al respecto, será que no se ha pronunciado? Es curioso que en el documento realizado por la OEA, la SEMARNAT y la CMARN, no haya mención de ello. Para aumentar la indignación, es interesante observar que en la polémica reforma energética que nuestro país acaba de pasar, la exploración y explotación de hidrocarburos está expresamente prohibida en las ANPs. Pero, como veremos a continuación, por intereses corruptos y ni siquiera ocultos, no es posible lograr la misma regulación para la minería. Veamos más allá: ¿qué está pasando con los terrenos nacionales dentro de las ANPs que tienen posibilidad de explotación minera?
Y por fin la bola de nieve se convierte en avalancha, en ambos casos la CONANP debería ser la dueña de los terrenos, sin embargo aquinoticias.mx reporta que “según datos del SIAM 2015, en el corredor Sepultura-Tacaná se han concesionado en los últimos años, más de un millón hectáreas en zona de influencia o al interior de reservas estatales y federales. En total, al interior de la reserva El Triunfo se concesionaron mil 655 hectáreas; en La Encrucijada, 38 mil 230 hectáreas”, esto sólo en el estado de Chiapas, donde ¿qué partido gobierna? ¡El “verde”! ¡Carajo!
Por otro lado, en la reserva de Sierra de la Laguna en Baja California Sur, hay un conflicto con ciertos terrenos nacionales que valen oro, los predios Jesús María y El Encantado han intentado ser ratificados por la CONANP en los años 2009 y 2012, pero no se ha logrado, resulta que el proyecto Los Cardones, dentro de la misma reserva, está impulsado por Desarrollos Zapal, del grupo Invecture, propiedad de Ricardo Salinas Pliego.
Ahora les toca a las siguientes comisiones aprobar o no la iniciativa para que pase a las cámaras. Una de las armas que tenemos como ciudadanos es demostrar que hay un conflicto de intereses muy claro, aunado a que no participó la comunidad científica ni la sociedad civil en la construcción de la iniciativa de ley, por lo que se tendría que ir para atrás. Creo que no debemos de parar ahí, Ninfa Salinas no puede ser senadora plurinominal, pero sobre todo no puede ser la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del senado si va a impulsar proyectos de energía y minería.
En fin, hagamos ruido, si no lo hacemos nosotros ¿quién lo hará? En los últimos años parece que la chamba de los legisladores la está haciendo la sociedad y la academia, esto fue más que evidente hace unas semanas cuando el DIF pidió lonas y claro que nos indignó. Lo que estamos viendo con la Ley General de Biodiversidad es la destrucción de nuestro futuro; lo tenemos que frenar, hay que estar #AlTiro.
P.S. Última pregunta, ¿se dan cuenta que con nuestros impuestos le estamos pagando el salario a ladrones, corruptos y asesinos?