Como tal vez ya escucharon, nuestros bienamados diputados aprobaron ayer en comisiones la Ley General de Aguas Nacionales, que honestamente es una pasadez de lanza. Y al parecer quieren concretar la aprobación de esta ley sin tomar en cuenta ya no digamos la opinión de expertos en la materia, sino la más mínima objeción de la ciudadanía.
Lo sabemos, en el momento en que escuchamos cosas como cuenca, trasvase, infraestructura hidráulica, y empezamos a hablar de concesiones, asignaciones y privatización nos perdemos un poco. Pero este es un tema que no nos podemos dar el lujo de ignorar. Palabras más palabras menos, de lo que se trata esta ley es de privatizar el agua, así como en algún momento se privatizó la telefonía, la banca, y en un futuro próximo, el petróleo. Y así nos ha ido.
Empecemos por imaginar un escenario: piensen en la señorita Telcel tratando de recibir una queja por el mal servicio del territorio Slim, ahora piensen en esa misma llamada pero tratando de conseguir agua para bañarse. Pues ese es más o menos el escenario que se presenta.
Para entender mejor el asunto les dejamos algunos puntos de lo que se trata esta ley que, todo apunta, será aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados el próximo martes 10 de marzo.
1. Se le dará al agua una utilidad pública.
Y no, nosotros no somos el público. Lo que quiere decir es que el Estado podrá definir que cierta cantidad de agua se vaya a usos como la generación de energía, o trasladar agua de un lugar a otro para cumplir necesidades de obra pública. De entrada esto no suena mal, sin embargo, esa “desviación” de agua no toma en cuenta las necesidades de la ciudadanía, a la que se le reducirá la porción de agua a 50 litros diarios por persona.
2. Privatización de la infraestructura hidráulica.
Ya no solamente se otorgarán permisos para que una constructora u otra realice la obra de presas, acueductos o canales (saludos Grupo Higa) sino que esas mismas empresas administrarán el agua de esas obras.
3. La Comisión Nacional del Agua podrá derivar sus funciones a una empresa privada.
Ahora la CONAGUA asigna la cantidad de agua que va a cada región del país, con la nueva ley la Comisión podrá repartir entre lugares y empresas privadas, es decir podrá asignarle una cantidad de agua que le pertenece a la nación a una empresa privada quien podrá darle uso comercial. Así la CONAGUA se lava las manos por no llegar a ciertas zonas del país, y obligar a los ciudadanos a pagar extra por el servicio.
4. El agua como derecho humano.
Según la Constitución, y todas las legislaciones internacionales, el derecho al agua no puede ser condicionado a ninguna circunstancia. Tal como se plantea la ley el agua estará a disposición de quien pueda pagarla. Igualmente, podrá negarse el acceso al líquido argumentando un bien mayor como una obra pública.
5. El asunto de los acueductos.
Aparentemente esta ley nace de la necesidad de legitimar la obra del acueducto Monterrey, una obra por demás oscura, a acargo de Grupo Higa, y que ha duplicado su costo en el último año. Se trata de desviar el agua de una zona de Veracruz a la ciudad de Monterrey. Todo parece indicar que la obra no tiene ni pies ni cabeza: no sabemos si se puede hacer, si servirá de algo que se haga, ni cuanto va a costar en realidad. Varios expertos han mencionado la poca pertinencia de esta obra, pero eso no ha sido obstáculo para que siga adelante y se invierta 57 mil millones de pesos.
A esta ley ya aprobada en comisiones, se contrapone una iniciativa ciudadana que ni siquiera fue considerada por los diputados. Hoy 5 de marzo se está discutiendo en el pleno, aunque no está planeado escuchar a expertos, ONG’s, ni a cualquier voz disidente. La decisión se tomará el próximo martes 10 de marzo. Así que tal vez nos convendría dejar de pensar que la decisión no nos compete: se trata de una necesidad básica que no se puede sustituir con nada. O alzamos la mano o nos dedicamos a guardar un cochinito para una larga época de sequía y sed.