#AlTiro. 8 puntos para conocer una de las leyes más peligrosas para el futuro del país

A finales del año pasado escuchamos, casi diario, las declaraciones del Secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, mostrando incomodidad por la presencia del ejército en las calles. Una y otra vez lo escuchamos decir que la labor de los soldados no era la Seguridad Pública sino la Seguridad Exterior, que ellos no estaban contentos y querían regresar a los cuarteles. Todo parecía muy lógico, razonable, necesario… hasta que salió el peine:

Nuestros soldados ya la están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos con el riesgo de ser procesados por delitos que tengan que ver con derechos humanos o a lo mejor les conviene más que los procesemos por no obedecer.

Esta perla de sabiduría abrió la discusión pública sobre la necesidad de regular la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Así nació la Ley de Seguridad Interior. Por iniciativa de los tres partidos más grandes, los lesgisladores buscaron aprobar esta ley a finales del año pasado, y depués la dejaron pendiente para la legislatura que acaba de iniciar. Los asuntos que incluyen esta ley son muy graves y, aunque se ha discutido sobre el tema, no ha merecido la atención correspondiente. Los cruces con la militarización del país, el respeto a los derechos humanos y las garantías individuales son cuestiones que no debemos dejar pasar por alto sólo por intentar regular algo que ya sucede de manera ilegal en las calles de casi todo el país.

Aquí les dejamos 8 puntos sobre la Ley de Seguridad Interior, a los que debemos prestar mucha atención.

* Dos iniciativas, una ley

Actualmente hay dos inciativas de Ley de Seguridad Interior: una propuesta por el senador Roberto Gil Zuarth del PAN, y otra impulsada por César Camacho del PRI en el Congreso.  Ya en este detalle vemos la clara presión que los dos partidos ejercen no para discutir el tema de las tareas de las fuerzas armadas, sino en hacer pasar la Ley bajo una declaratoria de necesidad y urgencia. Las iniciativas son muy parecidas, y de hecho se habla de que la propuesta final será una combinación de ambas. La exposición de motivos de las dos parte de un cambio de mentalidad en la seguridad de las naciones a inicios del siglo XXI: concentrada en las amenazas externas, pero también en los conflictos al interior de los países como el terrorismo, el crimen organizado, el cambio climático y los desastres naturales. Así, se justifica la presencia de las fuerzas armadas en las calles de México, y pasan a la necesidad de regular algo que sucede de facto, para dar certidumbre jurídica a las fuerzas armadas, y, en menor medida, limitar las tareas que realizan. El asunto es que ambas propuestas toman la presencia del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea como un hecho consumado que ya no se modificará, y más bien tiene que legitimarse.

* Seguridad Interior vs Seguridad Pública

La clave de esta ley es el concepto de Seguridad Interior. Para separarla de las tareas de Seguridad Pública, que son las que realmente están cumpliendo las fuerzas armadas hoy en día, las iniciativas hablan de dos conceptos interrelacionados, pero que requieren diferentes acciones del Estado. Por una parte, la Seguridad Pública “vela por la observancia del orden y paz públicos, así como por la seguridad de los ciudadanos y sus bienes”. Por otro lado, la Seguridad Interior se desprende de la Seguridad Nacional, y se define como la encargada de “garantizar la condición de paz que permita salvaguardar la continuidad de las instituciones y el desarrollo nacional, mediante el mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en beneficio de la población, concibiéndola expresamente como una vertiente de la Seguridad Nacional”. Palabras más o palabras menos, lo que quiere decir es que la Seguridad Pública vela por los ciudadanos, y la Interior por las instituciones. Además al concebirla como parte de la Seguridad Nacional, los asuntos relacionados con Seguridad Interior estarían sujetos a ser clasificados, y a limitar su acceso vía transparencia y acceso a la información. Igualmente, facilitaría que los órdenes de gobierno soliciten la acción de las fuerzas armadas cuando conciban que están en riesgo las instituciones.

* Tareas a pedir de boca

Uno de los supuestos objetivos de las iniciativas de la Ley de Seguridad Pública es limitar las tareas y el tiempo en que las fuerzas armadas actúan en las calles. De esta manera, plantean que el Ejecutivo federal, los gobernadores y las legislaturas locales puedan solicitar el apoyo de las fuerzas armadas. Éstos últimos deberán entregar una descripción detallada de los motivos por los que solicitan la intervención de Ejército o Marina, mientras el presidente de la República no está obligado. Los argumentos que señala la ley para pedir la intervención de las fuerzas armadas son: actos violentos tendientes a quebrantar la continuidad de las instituciones y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional; emergencia ambiental, biológica, nuclear, química, sanitaria, y cualquier otro acto o hecho que ponga en peligro la estabilidad, seguridad o paz públicas en el territorio nacional. Entre las tareas que las fuerzas armadas pueden realizar se cuentan establecer destacamentos de seguridad, bases de operaciones móviles y fijas, patrullajes, puestos de vigilancia y las que se consideren necesarias. Si pensamos que de las acciones que han realizado las fuerzas armadas durante 10 años de guerra contra el narco, el 31% han nacido de patrullajes y sólo el 3% de investigaciones, se entiende que la Ley de Seguridad Interior les daría carta abierta para realizar las tareas no sólo que les soliciten las autoridades, sino las que consideren necesarias.

* Militares para todos, pero no alcanzan

La Ley de Seguridad Interior contempla que las fuerzas armadas no sustituirán de ninguna manera las acciones de las organziaciones de Seguridad Pública; sin embargo, si tomamos en cuenta que esta ley se redactó para legitimar lo que sucede de facto, sabemos que en ciertas regiones del país las policías ministeriales, municipales y estatales han quedado absolutamente descalificadas. Si bien las iniciativas anuncian como necesaria la profesionalización de todos los niveles de seguridad, la corrupción evidente entre los elementos policíacos han hecho que queden relegados y sustituidos por los militares y marinos. Actualmente hay 52 mil elementos de las fuerzas armadas desplegados en nuestro país. Los únicos estados en que participan en operativos mixtos son Michoacán y Estado de México, en el resto de las localidades trabajan de manera independiente, cubriendo tareas de inteligencia, investigación y prevención, que ahora quedarían amparadas bajo la ley. Según el informe eleborado por Alejandro Madrazo Lajous, a partir de una filtración sobre acciones del Ejército y Marina durante el sexenio de Calderón, éstas rara vez surgieron del trabajo de inteligencia, sino de patrullajes, persecuciones, denuncias anónimas o flagrancia. Este informe determina también que, la mayoría de las ocasiones, los enfrentamientos fueron iniciados por los elementos castrenses sin justificación íntegra de los ataques. Pueden leer el informe de Madrazo aquí. Finalmente, hay que considerar que ante el despliegue masivo de elementos en las calles, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea no contarían con el personal suficiente para cubrir la totalidad de las solicitudes de apoyo, aun cuando, y eso no sucede, estuviera determinado el tiempo que tendrían que cubrir tareas en las calles.

* Dinero, dinero, dinero

Los recursos públicos para cubrir las tareas de Seguridad Interior también están contempladas en las iniciativas, más no limitadas. La propuesta del PRI contempla que “en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se harán las previsiones necesarias para la atención de acciones que realicen las dependencias federales en materia de Seguridad Interior”. En los últimos años, los presupuestos de las Secretarías de la Defensa y de Marina se han disparado. Este 2017, los recursos para las fuerzas armadas equivalen a 9 mil millones de pesos. Además, los recursos destinados para equipamiento militar se elevaron de 90 millones de dólares en 2014 a 500 millones de dólares en 2015. Lo anterior sin contemplar el involucramiento de los soldados y marinos en tareas de inteligencia, investigación, persecución y prevención. A esto hay que sumar que, bajo el argumento de la Seguridad Nacional, las cuentas de las instituciones castrenses no son auditadas ni sujetas a solicitudes de transparencia.

* Respeto, respeto, lo que se dice respeto, no

Si seguimos las peticiones del general Salvador Cienfuegos, esta ley estaría elaborada para proteger al personal castrense de acusaciones de violaciones a los derechos humanos. No obstante, las dos iniciativas mencionan que cualquiera de las tareas que se lleven a cabo en materia de Seguridad Interior se harán en estricto respeto a los derechos humanos, la redacción ambigua de la ley abre puertas muy peligrosas: ya mencionamos que se puede pedir el apoyo de las fuerzas armadas ante CUALQUIER acto o hecho que pongan en peligro la estabilidad y la paz pública. Igualmente, la iniciativa del PRI faculta a las autoridades para hacer uso de “CUALQUIER método de recolección de información“. Ello en aras de cumplir el objetivo mayor que es “la normalización del orden interno”, estado que tampoco queda plenamente definido en la ley. Mención aparte merece el apartado del uso de la fuerza en las propuestas de PRI y PAN, pues según ellas, las fuerzas armadas podrán usar legítimamente la fuerza para “controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia NO AGRESIVA, agresiva o agresiva grave”. Quién determina esta gradación, obviamente no se sabe.

*Te espío, pero es por tu bien

Hay que mencionar que la ley también señala que los órganos autónomos (léase INE, IFETEL, CNDH, INEGI, entre muchos otros) “deberán proporcionar la información que les requieran las autoridades”. Si consideramos que la Ley TELECOM obliga a los prestadores de servicios de telefonía e Internet a entregar, sin orden judicial previa, los datos de geolocalización de los usuarios, estamos fritos. Prácticamente cualquier órgano gubernamental, con o sin razón, podrá tener acceso a nuestros datos, y hacer uso de ellos en nuestra contra. Volvemos al punto en que las labores de inteligencia de las fuerzas armadas están reducidas y ellos actúan más por sospechosismo o persecución. De la misma manera, hay que recordar que en 2015, la SEDENA pagó 66 millones de pesos por un software de espionaje, la factura más cara que la firma que se lo vendió ha cobrado jamás.

Rendición de cuentas

El problema mayor que presenta la Ley de Seguridad Interior es que restringe cualquier tipo de rendición de cuentas de las fuerzas armadas. Bajo el amapro de esta ley, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea estarían directamente a cargo del Consejo de Seguridad Nacional, y por lo tanto del Ejecutivo. Aunque para solicitar la intervención de las fuerzas armadas tendrán que explicitarse las razones del despliegue, la región en que realizarán tareas y el tiempo en que estarán activos, la ley también contempla que las tareas podrán extenderse sin ninguna autorización, si los mandos y/o los funcionarios lo creen necesario. En cuanto a los reportes de las tareas que realizarán soldados y marinos en las calles, los altos mandos responderán ante el Secretario de Gobernación, y éste deberá presentar un informe al Congreso y al Senado, aunque, como ya dijimos, los documentos no serán del todo públicos. Igualmente, al depender del Consejo de Seguridad Nacional, las fuerzas no modificarán de ninguna forma la cadena de mando, los generales reportarán al Secretario de Gobernación, el Presidente y los presidentes de las dos cámaras, a su vez, ninguno de estos funcionarios ni el Consejo de Seguridad Nacional estarán obligados a informar a ninguna otra instancia. En un principio la Ley de Seguridad Interior se planteó como parte de una triada, junto con el Mando Único y la Ley de Estado de Excepción, que cumpliría con los objetivos de Seguridad Nacional. No obstante, las dos últimas quedaron perdidas, la de Seguridad Interior ejecutará de facto lo que no se legislará en esas materias.

Así es, muchachos y muchachas, de esta manera se busca legislar lo que es, en realidad, ilegal. La Constitución prohibe a las fuerzas armadas realizar tareas en las calles desde la Carta Magna de 1857, de hecho es uno de los pocos artículos que no se han modificado. Ahora, se pretende dar un marco legal a lo que parece un cheque en blanco a las instituciones castrenses, sin que nadie pueda ejercer un tipo de control. Y si dudaban de que éste es un claro ultimátum de las fuerzas armadas, los dejamos con la declaración de Francisco Soberón, Secretario de la Marina:

Si hay otro camino diferente nosotros no queremos referirnos a él, queremos la Ley de Seguridad Interior y es urgente.

ACTUALIZACIÓN

El 30 de noviembre, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó, con 18 votos a favor y 13 en contra, la iniciativa de Ley de Seguridad Interior. Se plantea que esa misma tarde se vote en el pleno para turnarla al Senado. Mientras se votaba, más de 250 organizaciones y 200 expertos en seguridad y derechos humanos se manifestaron afuera de la sala, pues no se les permitió la entrada.

Si quieren leer más respecto a las iniciativas y sus riesgos les recomendamos leer:

Propuesta PRI
Propuesta PAN
Riesgos y realidades de la Ley de Seguridad Interior, en Tercera Vía
No era necesario activar al Ejército en guerra contra el narco, concluye estudio del Senado, en Animal Político

Comments

comments