Ya es una constante en nuestra vida diaria que, de tanto en tanto, escuchemos, leamos o veamos a un funcionario público hablar de los logros y las bellezas de su labor. Ya sea el señor Peña Nieto pidiendo que hagamos bien las cuentas, que se cuente lo bueno, o ya sea algún gobernador “entrevistado” por algún diario nacional, los pólíticos se han hecho de mañas muy efectivas para convertirse en una presencia ineludible en nuestra vida. Y parece que a los ciudadanos no nos queda más que asumir con cristiana resignación ser bombardeados con miles de anuncios de publicidad oficial.
La cosa en nuestro México Mágico es que esta publicidad se ha convertido en una forma para manipular la opinión pública. Porque una cosa es que el gobierno de este país (y de todos) necesite tener una comunicación nutrida con la ciudadanía, y otra muy distinta que el gobierno compre a billetazos a los medios de comunicación para que publique sólo su versión de los hechos. Como dice Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19, una cosa es que el gobierno anuncie una campaña de vacunación, y otra que se anuncie que se han vacunado más de 50 mil niños que el sexenio anterior. Por otro lado, una cosa es que el gobierno utilice los medios de circulación nacional para hacer llegar mensajes importantes a la ciudadanía, y otra hacer que el 80% de los ingresos económicos de los medios de comunicación provengan de la publicidad oficial.
En fin, el tema de la publicidad oficial ha sido tema desde 2007, y se ha convertido en un problema grave, pues los recursos que se invierten en el rubro son excesivos y rebasan muchísimo lo aprobado por el Congreso. El gasto de publicidad oficial del gobierno federal pasó de casi 5 mil millones de pesos en 2010 a casi 9 mil millones en 2016. Y no sólo eso: lo más grave es que los ciudadanos no tenemos manera de saber en qué se gasta ese dinero.
Por estos motivos, organizaciones como Artículo 19 y Fundar, interpusieron un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el poder legislativo emitiera una ley que regulara la publicidad oficial. El 15 de noviembre de 2017, los magistrados dictaminaron que el Congreso tenía que emitir la Ley de Comunicación Social para proteger la libertad de expresión de los medios, y transparentara el uso de recursos, y tenía que emitirla antes del 30 de abril. Todo era felicidad.
Y luego, todo se derrumbó. Esta semana, los diputados del PRI y el Partido Verde Ecologista prsentaron una iniciativa de Ley de Comunicación Social que no sólo no cumple con los principios eficacia, eficiencia, transparencia, honradez, objetividad e imparcialidad; sino que pretende ser aprobada de manera apresurada y sin consultar a experrtos independientes de la sociedad civil. Lo que propone la iniciativa del eje del mal PRI-PVEM es que el control de la publicidad oficial lo tenga nada más y nada menos quela SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN. Así como lo leen, la idea es que Gobernación regule los tiempos concedidos a la publicidad oficial, seleccione a los medios que recibirán los recursos y vigilarán que la publicidad oficial no se convierta en la promoción personalizada de algún político. La pregunta es ¿quién vigilará a la Secretaría de Gobernación?
Lo más grave es que el Congreso está dando albazos y han pasado la iniciativa para que se vote en el pleno ya. Por lo que hay que estar al pendiente de cómo avanza este asunto, pues si están hartos de las campañas, nomás imagínense lo que nos espera con esta ley hecha a modo para que sepamos más de nuestros políticos que del mismísimo gansito. Para seguir la discusión en tiempo real, pueden seguir la cuenta @PubliOficial y consultar más información en el sitio www.publicidadoficial.com.mx