Así le respondió la Presidencia a Cuarón

El lunes nos amanecimos con el desplegado que Alfonso Cuarón había insertado en dos periódicos de circulación nacional, en el que planteaba a Enrique Peña Nieto 10 preguntas acerca del impacto de la Reforma energética en la vida de los ciudadanos mexicanos. El mismo día, mediante su cuenta de Twitter, la Presidencia de la república anunció que daría respuestas a los cuestionamientos una vez que presentara la iniciativa de leyes secundarias en materia de energéticos. Dichas leyes secundarias llegaron al Senado el día de ayer (fecha en que terminó el periodo ordinario de sesiones) y, con ellas, se publicaron las respuestas al cineasta.

Las preguntas de Cuarón tenían como máxima virtud que eran concisas y plantadas con una claridad que, por una parte, se alejaba de los tecnisismos que de pronto pueden inundarnos, y, por otra, también se apartaban de las arengas a favor y en contra que la reforma hizo explotar. Contrario a lo que exigía el planteamiento del cineasta, las respuestas que brindó el Ejecutivo no son nada concisas, pues ni siquiera responden a las preguntas en específico, sino que las transforman en puntos temáticos, por lo que vuelven a caer en la serie de comerciales con los que nos bombardearon para promocionar la reforma. Aquí presentamos algunos elementos que, en parte, responden a las preguntas concretas.

1. ¿Cuándo bajarán los precios del gas, gasolina, combustóleo y energía eléctrica? ¿Qué otros beneficios tangibles se esperan de la Reforma? ¿Cuál es el cronograma de esos beneficios?

La Presidencia responde que los beneficios se verán a mediano plazo. Habrá una reducción en los precios del gas y la luz dos años después de que se aprueben las leyes secundarias. Sin embargo, en el caso de la gasolina sólo se contempla la estipulación de un precio máximo. Dentro de los beneficios tangibles mencionan: 500,000 empleos adicionales en 2018 y 2.5 millones de empleos adicionales en 2025; y el aumento en la producción de petróleo, gas y fertilizantes.

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2. ¿Qué afectaciones específicas habrá al medio ambiente con prácticas de explotación masiva? ¿Qué medidas se tomarán para protegerlo y quién asumirá la responsabilidad en caso de derrames o desastres?

Sobre las afectaciones no hay respuesta. Sobre las medidas, se anuncia “la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos [… que] se plantea como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que tendrá dentro de sus atribuciones regular y supervisar, en materia de seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente, las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos, incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, así como el control integral de residuos […] tendrá la capacidad para, en coordinación con la Secretaría de Marina y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, responder ante cualquier accidente industrial que ponga en peligro la salud de los trabajadores así como el medio ambiente. Actualmente, la Secretaría de Marina ya cuenta con un Plan Nacional de Contingencia para Combatir y Controlar Derrames de Hidrocarburos y otras Substancias Nocivas en el Mar”

3. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su impacto en el medio ambiente es enorme. ¿Existen planes para desarrollar tecnologías e infraestructuras de energía alternativa en nuestro país?

“Existen planes concretos para desarrollar tecnologías e infraestructuras de energía alternativa en nuestro país, y ya están implementándose.” Ya se crearon tres Centros Mexicanos en Innovación en Energía: Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California; uno en energía solar, encabezado por el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, y otro más en energía eólica, coordinado por el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Estos centros estarán financiados por la Secretaría de Energía, el CONACYT e inversores privados.

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4. De la reforma aprobada derivarán contratos multimillonarios. En un país con un estado de derecho tan endeble (y muchas veces inexistente) como el nuestro, ¿cómo podrán evitarse fenómenos de corrupción a gran escala?

La respuesta menciona que se implementarán siete mecanismos de transparencia y combate a la corrupción, que son básicamente los mismos aplicables a cualquier institución pública: transparencia en licitaciones, contratos, pagos devengados por particulares, el cobro del Estado a particulares por recursos naturales y su aplicación, cláusulas de transparencia en órganos reguladores, Pemex y CFE revelarán información como las empresas que cotizan en Bolsa y, finalmente, la integración de cuatro instancias (las secretarías de Hacienda, Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el Fondo Mexicano del Petróleo), descritas como “un arreglo de pesos y contrapesos” que incidirán desde la licitación hasta el manejo de recursos.

5. Las trasnacionales petroleras en el mundo tienen tanto poder como muchos gobiernos. ¿Qué medidas se tomarán para evitar que el proceso democrático de nuestro país quede atrapado por financiamientos ilícitos y otras presiones de los grandes intereses?

Se planean tres estrategias para evitar intervenciones en la democracia mexicana: 1. Los contratos serán regulados y asignados por organismos con autonomía jurídica, técnica, de gestión y presupuestal. 2. Se realizarán licitaciones abiertas y transparentes, y estas licitaciones será administradas y reguladas por no una sino varias instituciones. Y, finalmente, se promoverá la transparencia y la rendición de cuentas. Estas estrategias, en conjunto con “una ciudadanía exigente e informada”, promoverá un “el mejor mecanismo para garantizar que la ciudadanía le exija a las autoridades actuar en beneficio de toda la sociedad es que disponga de toda la información relevante y que se mantenga la plena libertad de expresión y de participación política que hoy existe en nuestro país.”

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6. ¿Con qué herramientas regulatorias cuenta el gobierno mexicano para evitar que se impongan las prácticas de depredación que puedan cometer las empresas privadas que participarán en el sector?

“Para evitar la depredación en la explotación de los recursos, se establece que la toma de decisiones recaiga en tres instituciones con atribuciones claramente definidas: la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente. La Secretaría de Energía seleccionará las áreas a desarrollarse mientras que la CNH será la responsable de garantizar que la extracción de los hidrocarburos se realice de manera sustentable en el tiempo, con bases técnicamente sólidas que permitan maximizar la recuperación total de los hidrocarburos a lo largo de la vida productiva de los yacimientos[…] Por su parte, la Agencia regulará y supervisará la adecuada explotación de los yacimientos asegurando que se realice de una manera industrialmente segura y respetuosa del medio ambiente. En caso de incumplimiento, las autoridades podrán rescindir los contratos además de establecer las penalizaciones y los actos remediales que sean necesarios”.

7. ¿Cómo asegurar que la reforma incremente la productividad de Pemex si no se enfrenta el problema de la corrupción dentro del sindicato?

Se quedaron con la productividad, se olvidaron de la corrupción. En este último rubro, la respuesta se ampara en la rendición de cuentas y en que “la Reforma parte de la premisa de que no es función del Sindicato tomar decisiones gerenciales. Una muestra de ello es que desde la reforma constitucional se estableció que el sindicato ya no participará en el Consejo de Pemex.”

8. Si Pemex aportó durante 70 años más de la mitad del presupuesto federal (con el que se construyó la infraestructua nacional, se sostuvo la educación y los servicios de salud gratuitos), ahora que el aporte del petróleo no irá directamente de Pemex a las arcas, ¿cómo se cubrirá dicho presupuesto?

Como en los comerciales, la Presidencia responde que “el uso de contratos permitirá que aumente aún más la inversión en el sector, al mismo tiempo que el costo y el riesgo del desarrollo de nuevos proyectos se compartirá entre un mayor número de participantes” y que “la renta petrolera seguirá aportándose al Estado mexicano. Para asegurar lo anterior, los contratos se asignarán sólo a quien ofrezca el mayor pago al Estado mexicano.”

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9. ¿Cómo asegurar que las utilidades no se canalicen a la expansión de la burocracia sino que lleguen al propietario original de esos recursos, que es el pueblo mexicano?

Cambia la idea de que las utilidades lleguen al pueblo mexicano por “un buen uso de las utilidades”. Además menciona que “se establece la creación del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que será un fideicomiso del Banco de México integrado por cuatro consejeros independientes, ratificados por el Senado, y además el gobernador del Banco de México y los titulares de Hacienda y Energía.” Este Fondo administrará y distribuirá los ingresos y, “una vez que el saldo acumulado del ahorro público de largo plazo sea equivalente o superior al diez por ciento del Producto Interno Bruto del año previo al que se trate, los rendimientos financieros reales anuales asociados a los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo destinados a ahorro de largo plazo serán transferidos a la Tesorería de la Federación.”

10. Dos experiencias desastrosas permanecen en la memoria de los mexicanos: la quiebra de 1982 (luego del dispendio, la ineptitud y la corrupción que caracterizó el manejo de la riqueza petrolera de los años 70) y las reformas discrecionales y opacas de tiempos de Salinas de Gortari, buenas para las manos privadas pero dudosas para los consumidores. ¿Qué nos garantiza que esas experiencias, que han ahondado los abismos sociales, no se repitan? Usted y su partido cargan con la responsabilidad histórica de estas reformas. ¿Cree realmente que el Estado mexicano tiene los instrumentos para llevarlas a cabo con eficacia, sentido social y transparencia?

Propone que, a diferencia de lo sucedido en el 82, se impulsará el desarrollo del sector energético sin caer en el endeudamiento, pues la inversión privada reducirá los costos y riesgos de la exploración y producción de crudo. Igualmente, apela a cambiar el modelo “plenamente estatista y monolítico, sin ningún tipo de control ciudadano” por un sector abierto a “a la participación y escrutinio de la sociedad con objeto de que se fortalezca en beneficio de todos”.

¿Cómo ven? ¿Les creemos? Esperemos que estas respuestas vuelvan a promover el diálogo sobre lo que el Senado estará dictaminando en materia de energéticos, y no sólo un peloteo entre la Presidencia y Cuarón, sino con la sociedad en general.

Puedes leer las respuestas completas aquí

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