Notas sobre la sección 22 de la CNTE. Diez años de represión en Oaxaca

Por Iván Cruz Osorio
@IvanCruzOsorio

I

Mi abuela no hablaba de su padre, mi bisabuelo, Marciano Osorio, el zapatista, quemado vivo junto a su tropa, en una iglesia. Mi infancia la viví en Tlaxiaco, en la Mixteca Alta, a lado de mi abuela, ella fue quien llevó mi ombligo y lo enterró en la cima del monte del Barrio San Sebastián. Las únicas historias que escuchaba de ella eran sobre los espíritus de la montaña que nos guiaban, sobre las mujeres de los ríos que llamaban a los hombres y los perdían, sobre el profundo respeto que les debíamos a los antepasados, a nuestros muertos. Con más edad empecé a escuchar sobre las peleas sobre la tierra, de lo pobres que nos volvía el gobierno central, de que éramos campesinos, de mis tíos que eran maestros y eran golpeados. No comprendí. Después, mis tíos, los más chicos, hablaban del 2 de octubre de 1968, del jueves de Corpus en 1971, y como tuvieron que regresar a Tlaxiaco para ocultarse de ese gobierno central que nos volvía pobres. Algo entendí. Años más tarde conocí al tío Jesús “Chucho” Cruz, el profesor y escritor; él me contó por primera vez de la CNTE, que fue de los fundadores del Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación en Oaxaca (MDTEO), que enfrentaba a los líderes charros del SNTE, y que después se convirtió en la sección 22 de la CNTE. Me hablo de la lengua Ñuu Savi, del orgullo de la Nación Mixteca y nuestras diferencias históricas con los zapotecos. En 2006, durante el movimiento de la APPO, a sus 75 años, todavía lo vi levantado barricadas, gritar consignas, tomar su machete.

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Durante años, y con mayor énfasis en estos meses, todo tipo de opiniones se han vertido en los medios nacionales sobre la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). La mayoría abrumadoramente negativas, a partir de su vinculación con el gobernador priísta Heladio Ramírez López, quien, con la descentralización nacional de los servicios educativos que impulsó Carlos Salinas de Gortari, les entregó prácticamente el control del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) en 1992. Con la intención de cooptar a estos disidentes del SNTE y así no tener cismas en el estado. Desde luego, y con un amplio rango de poder en las manos, una organización que nació como disidencia devino en el blanco de críticas sobre el abuso de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, y de llevar a un estancamiento educativo a Oaxaca al heredar o comprar plazas, al tener decenas de aviadores en la nómina y a su capacidad de despedir a aquellos que no siguieran la directriz. La autocrítica en este caso debió ser la respuesta ante una sociedad que exigía más de una organización nacida de la lucha social.

Otro punto relevante sobre la CNTE, y he aquí el meollo del asunto, es el poder político que aglutinó con más de 60 mil potenciales votos en sus filas, lo cual puso a todo candidato oaxaqueño en la necesidad de intentar negociar con ellos. Los gobernadores Diódoro Carrasco (1992-1998) y José Murat (1998-2004) tuvieron una tensa, pero serena relación con la sección 22; sin embargo, con Ulises Ruiz (2004-2010) se rompió esa tendencia. En 2006 tras la anual plantón de la sección 22 en el zócalo de Oaxaca para pedir mejoras en la instalaciones de las escuelas rurales (la mayoría en el estado) y otras demandas, Ulises Ruiz ordenó un desalojo por parte de la Policía Estatal que resultó fallido, con esto inicia la escalada de un conflicto de amplias dimensiones que desembocó en la formación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que reunía a diversas demandas de organizaciones sociales, políticas y populares que tenían fuertes diferencias con el modo autoritario y caciquil del gobierno de Ulises Ruiz. Movimiento que concluyó con encarcelamientos, asesinatos, desapariciones forzadas y decenas de familias desplazadas a manos de la Policía Federal y Estatal. Delitos por los que a nadie se pudo responsabilizar, Ulises Ruiz concluyó su periodo como gobernador, pese a todas las voces nacionales e internacionales que pedían su renuncia y que se sometiera a juicio político.

En las elecciones de 2010, la respuesta del pueblo oaxaqueño fue buscar la salida del PRI, lo cual consiguió con la elección de Gabino Cué, quien fue postulado por la coalición Unidos por la Paz y el Progreso, conformada por los partidos PAN, PRD, Convergencia y PT. Si bien es cierto que buena parte del triunfo de Cué se alcanzó por la sociedad civil harta del PRI, una parte muy activa y que le produjo muchos votos provino de la CNTE.

Con la reforma educativa que se impuso en 2012 a partir de negociaciones entre la élite partidista nacional durante el oscuro “Pacto por México”, este poder se desvaneció. Gabino Cué se alineó a los mandatos de la Federación y no sólo abandonó a la CNTE, sino que se ha propuesto criminalizarla y atacarla como lo hizo hace 10 años su antecesor Ulises Ruiz, con la ayuda de Enrique Peña Nieto y del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, junto a los medios masivos de comunicación que no han cejado en repetir el prejuicio de que la sección 22 es un grupo de porros, violentos, ignorantes que pervierten a la juventud oaxaqueña, que sin duda ha llegado al punto de la discriminación al exhibir sus rasgos indígenas, su pobreza y su modo de hablar como defectos.

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La sección 22 de la CNTE perdió el control del IEEPO, lo que ha derivado en una lucha válida ante una Reforma que en lugar de regular una educación de calidad en el país con todas la diferencias, sociales, económicas y geográficas, busca el control de la Federación sobre todos los maestros, sobre el tiempo que tienen el empleo, cómo ratificarlo, en qué circunstancias hay despidos, es decir, se regula la burocracia de la educación. La reforma educativa en realidad termina siendo una ley del trabajo para los maestros, para facilitar su despido, pero no una reforma que en realidad contribuya a un desarrollo de la educación del país. A todas luces, esta reforma busca contribuir a la desactivación de los sindicatos no alineados al gobierno federal, lo hizo Felipe Calderón con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Lo que buscan los gobiernos estatales y federales es anular a la organización obrera y social que represente un frente articulado políticamente en contra de sus intereses.

II

La sección 22 de la CNTE, lejos de ser los porros ignorantes que los medios y el gobierno nos repiten hasta el cansancio, han sido una resistencia eficaz desde 2006 y una piedra en el zapato para gobernadores y presidentes. No es gratuito que se les criminalice o se busque desarticularlos, leamos algunos de los puntos de su

Pliego petitorio del 12 de mayo de 2015.

Por estos puntos y estas razones se moviliza la sección 22, y resulta ser un grupo mejor articulado que cualquier organización académica o intelectual. Cualquier ciudadano en función de sus derechos suscribiría estos puntos. La sección 22 tiene estas exigencias para seguir luchando, todas exigencias válidas y coherentes.

III.

Nochixtlán, 19/junio/2016

Dentro de estas acciones de resistencia, de lucha, bajo el amparo de su pliego petitorio, la sección 22 de la CNTE decidió tomar el estado de Oaxaca, con bloqueos, plantones y mítines informativos. Una lucha social sí, pero no una lucha armada. El Gobierno del estado de Oaxaca, por la presión de la iniciativa privada y las empresas turísticas, y en conjunto federal, decidió barrer, realizar una purga con la Sección 22, al enviar a la Policía Federal y a la Policía Estatal para enfrentarlos. A la par, y a la vieja usanza contra los movimientos sociales y sindicales, hay documentada la presencia de grupos de choque, paramilitares que tenían armas y las utilizaron.

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El bloqueo de la carretera Oaxaca-Ciudad de México a la altura del municipio de Asunción Nochixtlán, en la Mixteca, fue el pretexto para que las policías en primera instancia desalojaran a pobladores y maestros de la zona. Tras permitir el paso de los automóviles varados, los elementos policíacos acusan haber sido atacados por pobladores de Nochixtlán y por maestros, con piedras, palos, machetes, incluso a balazos, con este pretexto hay un repliegue, y sin aclarar cómo, primero sin llevar armas, minutos después ya estaban disparando contra la población y maestros. El resultado del intenso enfrentamiento, de varias horas de duración, fue la muerte de al menos 8 civiles (ninguno reconocido como maestro por la autoridad), entre ellos: Andrés Aguilar Sanabria, profesor de educación indígena; Yalid (o Yadith) Jiménez Santiago, de 29 años, originario de Santa María Apazco, Oscar Nicolás Santiago, de 22 años, originario de la localidad de Las Flores Tilantongo; Anselmo Cruz Aquino, comerciante de 33 años, de Santiago Amatlán, Jesús Cadena de 19 años, estudiante de Asunción Nochixtlán y Omar González Santiago de 22 años, empleado en el Municipio de Tlaxiaco. Así como un número indeterminado de heridos.

Las acciones de represión por parte del Gobierno Federal, Estatal, y fuerzas paramilitares, que ponen en el mapa a la región Mixteca, la cual históricamente ha sido una férrea resistencia política en Oaxaca, han dejado al descubierto de par en par la hipocresía, la soberbia y lo sanguinario, no sólo del presidente, del gobernador, sino de una clase política que hace mucho dio la espalda a aquellos que le confirieron el poder. En los pasados días se ha visto en ascenso una copia de las acciones de terrorismo de Estado ocurridas hace 10 años, también en Oaxaca, con el movimiento de la APPO.

En efecto, se debe privilegiar el diálogo, pero ya hay mucha sangre en las manos gubernamentales, y hay un pueblo tradicionalmente ofendido, vilipendiado que espera estas circunstancias para explotar su rabia. Dentro de este momento de caos y rabia, veo con esperanza el anuncio del sacerdote Alejandro Solalinde sobre la conformación de un grupo de intermediación entre el gobierno y el movimiento magisterial convocado por la organización Mujeres Ya. El grupo de intermediación está conformado por los últimos cinco galardonados con el Premio Nacional de Derechos Humanos, Clara Jusidman, Javier Sicilia, Raúl Vera y Denise Dresser, además del académico Sergio Aguayo, como parte del grupo de asesores. El apoyo de la sociedad civil será vital como una medida presión para sentar en la mesa al gobierno federal que condiciona a priori a la sección 22 para acatar la reforma educativa antes de cualquier acción. Esa cerrazón ha llevado el conflicto hasta estas consecuencias. Entre el autoritarismo y la represión de Estado, me quedo con los maestros y con su pliego petitorio (al que se deben sumar la indemnización a las familias de los fallecidos). Me quedo con las propuestas, no con la cerrazón de una élite política que se conduce de forma gansteril.

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