#InformedelNO. Capítulo 2. México incluyente

Si la felicidad del ciudadano es el fin último del Estado, el gasto público debe estar destinado a satisfacer las necesidades de la sociedad en su conjunto: infraestructura educativa, médica, deportiva, además de sistemas y programas que doten a los ciudadanos de las mejores herramientas para lograr su desarrollo personal. En un país con más de la mitad de la población en pobreza, las cosas no se han hecho bien.

El titular del Ejecutivo Federal anunció de manera rimbombante el cambio del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (fracaso de las administraciones panistas) a Prospera; una aspirina a precio de quimioterapia. Según el Informe, y su posterior lanzamiento (el presidente eligió Ecatepec para el anuncio del cambio de nomenclatura) el Programa estará destinado a 7 millones de familias que viven por debajo de la línea de la pobreza. El discurso no dice nada, la experiencia de los programas de desarrollo de gran calado nos permite no creer: desde el lanzamiento de Solidaridad, en el sexenio de Carlos Salinas, hasta hoy los índices de pobreza se han mantenido en el mismo rango: dos de cada diez mexicanos viven en extrema pobreza, es decir, no pueden cubrir necesidades tan básicas como una alimentación de calidad.

Según el investigador Luis Lozano, la enfermedad es más grave: 90 millones de mexicanos sufren de algún rasgo de pobreza, ya sea por acceso educativo o sanitario. En los últimos 25 años, el poder de compra del salario se ha depreciado 77% y 30 millones de trabajadores nacionales no cuentan con ninguna prestación social. Si bien el Ejecutivo Federal pondera el dato: México es uno de los países con menor desempleo abierto, los puestos ocupados no ofrecen un salario de calidad, y están destinados al sector poblacional con menos instrucción.

Como muestra, el botón: en el reporte, el gobierno federal presume el bono poblacional: el 54% de los mexicanos tiene menos de 30 años, sin embargo, el desempleo en este sector es de 10%, el doble que los adultos. Además, el Estado no puede garantizar el acceso a la educación; según el INEGI, seis de cada diez jóvenes no estudia la preparatoria; a siete millones se les  ha bautizado como ninis. No es coincidencia que el suicidio sea la tercera causa de muerte entre jóvenes, la muerte por propia mano se incrementó en 74% en los últimos años. En la presentación del Plan Nacional de la Juventud se establece como objetivo el acceso de los jóvenes a salud, educación, esparcimiento, cultura y empleo. En los logros apunta la instalación de 315 centros Poder Joven en 31 entidades federativas; 315 para más de 50 millones de niños y jóvenes.

Además, el informe destaca las labores realizadas en los temas de inclusión sobre indígenas, personas con discapacidad y mujeres. En el discurso, el presidente no abandona la paternalista “igualdad”, tal parece que no se entiende en la oficina de Los Pinos que en un país tan plural y diverso, tan desigual económica, política y socialmente, la aspiración a la igualdad es el camino al fracaso; México debe aspirar a la equidad, a construirse a partir de sus diferencias. Acaso es en ellas que se encuentra la fuerza más poderosa del país.

En la “igualdad de Género”, el presidente presume el gasto: 21 mil 500 millones de pesos en 115 programas de inclusión de mujeres. Sin idea, se resuelva a billetazos. Es cierto que se necesita, por lo menos es este momento del país, de una serie de programas que incluyan a más mujeres en los puestos de decisión en esferas públicas y privadas. La Reforma Política obligará a los Partidos a inscribir al 50% de sus candidatos a puestos de elección popular a mujeres. No es suficiente. En el actual gabinete, sólo una mujer, Rosario Robles, ocupa la titularidad de las secretarías estratégicas del aparato gubernamental (Salud, Educación Pública, PGR, Hacienda, Gobernación, Desarrollo Social y Relaciones Exteriores). Le equidad de dientes para afuera.

No podemos hablar de un México incluyente si no se generan las inversiones necesarias en producción. Para el tema indígena, el gasto federal apenas fue de mil 284 millones de pesos en el Programa de Mejoramiento de la Producción y Productividad, un gasto ínfimo para satisfacer las necesidades del 10% de la población.

No podemos cambiar nuestra percepción del país (recurrente petición del lic. Peña Nieto), si en el discurso oficial se siguen repitiendo estrategias verticales y paternalistas. El discurso de la inclusión es casi imposible en un país que nunca fue tan desigual como es estos días.

Comments

comments