Uno de los programas más sonados del nuevo gobierno mexicano es la Amnistía para presos políticos. El pasado diciembre, inició la liberación de 16 personas detenidas arbitrariamente por defender sus derechos, su territorio o disentir del gobierno.
A nivel nacional, la Secretaría de Gobernación tiene un registro de 368 casos de personas presas por motivos políticos. En conferencia de prensa, Olga Sánchez Cordero, titular de la dependencia, explicó que “muchos de ellos no han tenido sentencia ni condenatoria ni absolutoria”. Por lo que constituye una “privación prácticamente ilegal de la libertad” por parte de las autoridades. La secretaria señaló que ya está funcionando una mesa conformada por abogados de las personas presas y funcionarios públicos, incluidos personal de reclusorios y representantes de la Procuraduría General de la República para revisar la situación de cada persona y en su caso poder liberarla.
Sánchez Cordero aclaró que en este momento sólo podrán liberar a quienes están detenidos por delitos del orden federal. Puesto que no tienen competencia en el orden local, sugirió que se tramiten amparos para empezar a revisar esos casos.
En esa situación se encuentran los defensores del agua de Tlanixco. Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González y Dominga González Martínez. Ellos son indígenas nahuaspresos diez años sin sentencia. Hasta el 2017 fueron condenados a cincuenta años de cárcel por el delito de homicidio en el Estado de México. Su caso fue revisado por la Oficina de Naciones Unidas. En un insólito comunicado, diez Relatores de manera conjunta externaron su preocupación por las graves violaciones al debido proceso. Consideraron que se trata de un caso de criminalización por haber defendido su derecho al agua.
Por casos como el de Tlanixco, Comité Cerezo plantea la necesidad de una Ley de Amnistía. Así, se agilizaría la liberación de presos por delitos del orden local. También beneficiaría a otros casos como el de las personas libres por haber cumplido con la sentencia, pero que se quedaron con antecedentes penales. O quienes actualmente tienen procesos penales en su contra o investigaciones abiertas que podrían desembocar en órdenes de aprehensión.
En entrevista, Francisco Cerezo, director del Comité, explica que lo principal es que “el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de Derechos Humanos y en materia de procuración de justicia, pues no tendríamos nada que decir si no hay ninguna persona perseguida o encarcelada por motivos políticos”.
Desde el pasado noviembre se reunieron con el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, para entregarle una propuesta de Ley de Amnistía para las Personas Presas por Motivos Políticos. Además entregaron un listado que contempla 103 casos a los que han dado acompañamiento, como el de los defensores del agua o el de Adalberto Lorenzo Martínez, el preso político de mayor antigüedad en el país. Su caso data de septiembre de 1995, cuando la policía judicial de Guerrero lo detuvo sin orden de aprehensión y posteriormente fue acusado de los delitos de secuestro y homicidio, y sentenciado a 31 años, 11 meses de prisión.
Por el momento, todo indica que la revisión de casos será uno por uno. El tiempo del trámite se sumará a lo que ya lleva arrastrando atrás cada preso. Cerezo resalta que “las obligaciones del Estado no terminan con dejar a las personas en libertad sino que está la reparación integral del daño y sobre todo la investigación de los responsables que mantuvieron en prisión a luchadores sociales y activistas”.
A las labores de la Secretaría de Gobernación y de las organizaciones civiles se suma el esfuerzo de Nestora Salgado. Desde el Senado, la activista se ha sumado a la sistematización de expedientes para crear un censo de presos políticos. Pueden escuchar más detalles de cómo está funcionando este censo en la entrevista a Salgado que pueden escuchar aquí.
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por Gisela Martínez
@giseleando