por Sergio Pérez Schjetnan
@SerPerS96
Durante los años setenta, en las democracias del mundo occidental, se llevó a cabo una serie de diagnósticos sobre la gobernabilidad, a saber, un concepto que refiere a la capacidad o no que tiene un gobierno para efectuar su proyecto de país y, por ende, de gobernarlo.
En aquel entonces, se llegó a la conclusión de que el concepto referido no bastaba para dar cuenta de los problemas de ingobernabilidad, debido a que aquejaba una serie de limitaciones producto del marco esencialmente “gubernamentalista” de su planteamiento estándar. En otras palabras, el gobierno no podía ser el rector exclusivo de las tareas gubernamentales, la conducción de la sociedad y los nuevos problemas del Estado, de manera que se requería la colaboración con otros actores sociales extragubermamentales.
Asimismo, debido a las insuficiencias atribuidas a la gobernabilidad, surgió el concepto de gobernanza. Ésta constituye el conjunto de procesos, deliberación, acción y consenso de actores sociales diversos en tareas coadyuvadas de gobierno, esto es la ampliación y flexibilización de la gobernación, a partir de mecanismos que posibiliten la articulación de intereses y la acción consensuada.
Más allá de las ventajas que estas ideas llevan consigo (que sin duda tienen en potencia), considero que tanto en México como en el mundo, una vez puestas en práctica, resplandecen en el hecho de haber justificado la sobreparticipación de determinados grupos privados en las tareas de gobierno, de manera que han sido uno de los muchos correlatos y encubrimientos políticos del desmantelamiento del Estado.
Entonces, ¿cuál ha sido el problema de la gobernanza? No debemos perder de vista que el concepto nació junto con el desarrollo de la Nueva Gestión Pública (NGP) en los años 80 y 90, como respuesta a la supuesta sobrecarga que el Estado benefactor padecía, por ende, la solución consistía en adelgazarlo y ampliar el espectro público para incorporar a agentes sociales que contribuyeran a la eficacia de la política.
En suma, considero que el problema de raíz consiste en el sesgo ideológico de nacimiento que aqueja el concepto, pues restringe el marco de referencia de los objetivos que la gobernanza debe procurar, de los actores que deben de participar en la deliberación, e incluso del lenguaje con que se utiliza el concepto. No en vano, con vigor y sin parangón, en nombre de la gobernanza se ha pugnado por la descentralización del poder político en favor de la incorporación de capital, herramientas, lógicas y valores propios de la gestión privada, en pos de la eficiencia en política. Otro ejemplo es la acentuación en que organismos privados participen en el desarrollo de las políticas públicas mediante contratos y asociaciones en materia fiscal o de servicios públicos de educación y salud.
En México, algunos de los casos recientes que mejor evidencian este fenómeno son la Reforma Energética de 2013 y la Reforma Educativa de 2012-2013. En ambos casos, los principales promotores fueron grupos empresariales que hablaban de competencia, eficacia y soluciones de mercado, en tanto que otros grupos sociales y sus proyectos quedaron, literalmente, al margen de la discusión.
En la medida en que se privilegia la colaboración con las asociaciones privadas, las consecuencias del sesgo con el que se utiliza la gobernanza, han llevado a la limitación y/o exclusión de otros actores sociales de las tareas de gobierno, por ejemplo, grupos comunales a partir de esquemas auténticamente ciudadanos de participación.
Ahora bien, de ninguna manera niego que sea necesaria la participación de diversos actores de la sociedad civil en el quehacer gubernamental, pues no todas las capacidades requeridas para la gobernación de los países se encuentran (ni se deben encontrar) en el ámbito del gobierno, y efectivamente requieren de la deliberación, la acción consensuada y la articulación de intereses diversos –no dudo que si la participación y la presión ciudadanas hubieran estado más presentes, la Reforma Anticorrupción y el Sistema que creó, hubieran nacido con mucho más vigor y menos a modo para los políticos.
No obstante, sí critico que se encubra la preponderancia de instituciones privadas y sus agendas en esquemas de gobernanza como resultado de seguir el razonamiento de la NGP, pues se ha llegado al nivel de delegar al sector privado tareas de gobierno que por principio no le corresponden (y que por ende deben de ser esencialmente públicas), y a privatizar elementos de la acción gubernamental, todo lo cual ha traído consigo que en muchos países se trascienda, desmantele y se oligarquice el Estado, países dentro de los cuales debemos de contar a México.