por Manuel de J. Jiménez
En estos momentos, justo cuando escribo estas líneas, veo a los vecinos votando cerca de la caseta de vigilancia. Son los comicios que hoy, domingo 4 septiembre, se llevan a cabo en toda la Ciudad de México para elegir las fórmulas de los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos, así como la elección de los proyectos propuestos que materializarán el Presupuesto Participativo para el 2017. Por cierto, no veo a mucha gente y parece que las amenazas de lluvia disuaden a los habitantes a ejercer su voto y la participación ciudadana se escurre en muchas miradas: indiferencia, desconfianza, desesperanza. Si las elecciones para configurar la Asamblea Constituyente fueron raquíticas, no sé qué esperar de este proceso.
A pesar de ello, pese al escepticismo y las críticas que aparecerán mañana en los diarios, las figuras políticas que se proponen son interesantes. Aunque recelo empíricamente de los resultados que la democracia indirecta o, mejor dicho, del hecho de que la democracia participativa no ha producido logros significativos en la ciudad (e incluso en el país); reconozco que se articula un intento en favor de una organización más deliberativa en la toma de decisiones. Por lo pronto, desde el portal oficial, se pueden consultar las fórmulas de los ciudadanos y echar un vistazo (muy general) de los proyectos que se proponen para cada colonia. ¿Verdaderamente se moverá el rancio modelo de representación partidaria o de proselitismo por una participación ciudadana efectiva? Habrá que esperar, pues es cierto que de buenas intenciones está empedrado el camino del congreso. Pero antes de cualquier prejuicio, es preciso observar que estos núcleos ciudadanos, pueden traer de vuelta la política del ágora y configurar nuevamente la ekklesía como funcionaba en Atenas: el estado más primitivo y natural. O quizás pensando fuera de Occidente, estos comités vecinales y consejos de los pueblos podrían equipararse y aprender bastante de las organizaciones ancestrales que perviven en nuestro país. Pienso en el tequio: el trabajo colectivo, el retorno de lo comunitario y sustentable.
De acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, reformada recientemente el 25 de mayo de este año, el Comité Ciudadano tiene como primera atribución: “Representar los intereses colectivos de los habitantes de la colonia, así como conocer, integrar, analizar y promover las soluciones a las demandas o propuestas de los vecinos de su colonia” (art. 93). Su principal deber es instrumentar las decisiones de la Asamblea Ciudadana, que en la ley se describe de la siguiente manera (art. 81): “La asamblea ciudadana será pública y abierta y se integrará con los habitantes de la colonia, los que tendrán derecho a voz, y con los ciudadanos de ésta que cuenten con credencial de elector actualizada, los que tendrán derecho a voz y voto. También podrán participar de manera colectiva las personas congregadas por razón de intereses temáticos, sectoriales o cualquier otro cuyo domicilio corresponda a la colonia en la que se efectúe la asamblea ciudadana. Esta participación tendrá carácter consultivo. No se podrá impedir la participación de ningún vecino en la asamblea ciudadana. En éstas podrán participar niños y jóvenes con derecho a voz.”
Como se observa, las cualidades de publicidad y pluralidad de la asamblea se establecen desde el inicio. Aunque se restringe el voto a quienes cuenten con credencial electoral actualizada (el terrible candado de la institucionalidad electoral), se habla de una participación con base en intereses. Los jóvenes y niños, incapaces en la democracia oficial, son reconocidos como sujetos participativos. Pero ¿cómo se pasa de la participación a la deliberación, de lo consultivo a lo resolutivo? Allí quizás nazca el obstáculo mayúsculo y el hilo perverso. Por un lado el artículo 83 afirma que en la ciudad “existe el presupuesto participativo que es aquel sobre el cual los ciudadanos deciden respecto a la forma en que se aplican recursos en proyectos específicos en las colonias y pueblos originarios en que se divide el territorio del Distrito Federal”. Aunque resuena notablemente el principio de libre determinación y autonomía de los pueblos, después se establece que “Los recursos del presupuesto participativo corresponderán al 3 por ciento del presupuesto anual de las Delegaciones”. Es decir, el dinero, en su mayoría, sigue controlándose desde la verticalidad acostumbrada.
Con esto, el paso hacia una organización horizontal en la toma de decisiones y la materialización de las resoluciones vecinales por medio del dinero que todos pagamos con nuestros impuestos, es apenas una tímida nota. Habrá que colocar un porcentaje mayor del presupuesto anual para que el cambio sea real. Para ello, primero habrá que pensar en una ciudadanía auténtica que hace comunidad, que hace suyos los problemas de los otros y propone direcciones sensatas. Alcemos la voz, en sentido político y emotivo, para configurar una ciudad donde las decisiones sean tomadas más por nosotros y menos por ellos.