Por Diego Álvarez Icaza
Evitar la corrupción es un tema recurrente en el debate político, pero poco hemos reflexionado sobre qué entendemos por “corrupto”. En este artículo se reflexiona sobre el origen de esta palabra y las consecuencias que produce en nuestro país.
El mexicano percibe ser regido por un gobierno corrupto, el cual es tema constante de noticias, y sin duda es recurrente en el debate público. Si bien esta discusión no es nueva, eventos como “la Casa Blanca” y los “Panama Papers” nos hacen regresar a la pregunta ¿Qué tan corruptos son nuestros gobernantes? Según los datos del “Global Corruption Barometer”, informe emitido por la organización “Transparencia Internacional”, en un criterio de 0 a 100, México tiene 35 puntos en el índice de percepción de corrupción, siendo los partidos políticos, y funcionarios públicos las instituciones que generan mayor desconfianza en nuestra población.
Este debate no sólo ocurre en México, la concepción moderna de democracia, construida a partir de la Revolución Francesa y la Independencia de los Estados Unidos Americanos, es, en efecto, un esfuerzo por crear un sistema político libre de corrupción. Si existe una preocupación tan clara, una que acompaña a todo ejercicio político, ¿cómo es que el Estado moderno no ha logrado frenar la corrupción? Al contrario, los hechos demuestran el aumento de la opacidad en las finanzas públicas, o al menos, como muestra el “Global Corruption Barometer”, así lo percibimos. Este fenómeno responde a varias aristas, y una de estas es la definición de corrupción, que ha cambiado con el tiempo y las condiciones políticas regionales.
Uno de los primeros problemas de este concepto, es que es polifacético, podríamos rastrear una definición de “corrupto” universal, pero de facto está anudado a regionalidades o temporalidades. Múltiples culturas lo asocian a la calidad del gobierno, a uno fuera de balance. En el modelo Aristotélico, existe el binomio gobierno puro/gobierno corrupto, por “puro” se entiende a un gobierno decidiendo para el interés común; El gobierno corrupto es el que decide por los intereses de los gobernantes o de una minoría. Para Aristóteles, el Estado es incorruptible, sus gobernantes, el componente humano, son los propensos a ser corruptos. En cambio, para Polibio, la corrupción es un proceso natural, todo gobernante pasa del interés común al egoísmo, se trata de un proceso inevitable, ¿estaremos viviendo la decadencia natural de nuestro Estado?

A inicios del siglo XIX el concepto no sólo se ha asociado a la calidad de los gobernantes, sino a beneficios económicos privados, aquí ocurre una división que es fundamental: la corrupción venal y la sistémica. Para John Joseph Wallis, la corrupción sistémica: “Representa la idea de que actores políticos manipulan el sistema económico para crear rentas económicas, que se usan para asegurar el control del gobierno.” A esto deberíamos agregar que es la creación de un sistema (jurídico/económico) que beneficia a la minoría.
Por otro lado la corrupción venal denota: “El concepto moderno de corrupción: la búsqueda de interés económico privado a través del proceso político, es decir, ocurre cuando lo económico corrompe lo político.”
En ambas existe la venta de las funciones del Estado a cambio del beneficio personal, sea éste una ganancia monetaria o política. La corrupción venal se acerca más a la idea aristotélica, es decir, son los oficiales gubernamentales, y no el sistema político, los que se corrompen. Durante el periodo de creación del Estado moderno, evitar la corrupción sistémica era de las mayores preocupaciones. Como Wallis apunta, el caso paradigmático es EE.UU. quien pretendía crear un sistema libre, no obstante, su preocupación por evitar la corrupción sistémica no es por preservar el interés común, sino porque la encuentran poco rentable, ya que es contraria al modelo de libre mercado que proponían. La corrupción sistémica parece contraria al capitalismo, sobre todo al liberal, ya que estos privilegios acaban por crear monopolios, obstruyendo el flujo de dinero, tan importante para el modelo liberal capitalista.
Varios países “desarrollados” aseguran que su pasado los libró de la corrupción sistémica, si bien, no pueden asegurar la honestidad de sus oficiales, creen que han logrado un sistema libre de corrupción: el capitalismo moderno y la democracia constitucional. Los países en “vías de desarrollo” no han logrado librarse de la corrupción sistémica, es esto lo que los mantiene en esa condición ¿Qué tan cierta es esta afirmación?
Los sucesos de los últimos años ponen en jaque esta teoría, tan promovida por el mismo Wallis, y por la escuela de teóricos económicos norteamericanos, la existencia de paraísos fiscales, no sólo en islas en el Caribe, sino en varios estados de la Unión Americana, o en países como Suiza, reconocido por su prestigio bancario, demuestran una clara sintomatología de que la corrupción sistémica ha regresado al Estado capitalista, si es que alguna vez se fue. El hecho reside (como bien lo señala el Expresidente Vicente Fox) en que estos paraísos son legales, y el debate no tendría que ser sobre cómo frenar la evasión de impuestos, sino lo que los Panama Papers hacen obvio, que la legalidad no está construida para el interés común, sino para el beneficio de los grandes capitales. Vivimos en un sistema legal que padece de corrupción sistémica. Si el libre mercado no fue la solución a este tipo de corrupción, como los fundadores del Estado moderno lo creyeron ¿qué lo es? No podremos responder a esta pregunta, pero ¿es inevitable que el capitalismo constituyente la padezca? Sea o no, lo cierto es que nuestro país la tiene.
Es necesario crear una legalidad que asegure el interés común, el esfuerzo se está haciendo, la iniciativa ciudadana “Ley 3 de 3” es un ejemplo de ello, pero es necesario minar los beneficios políticos que la corrupción sistémica ha creado en nuestro país, éstos se han transformado en los horrores de la impunidad, la persecución política y la coacción con el crimen organizado. Mientras no construyamos leyes (sistema) que nos protejan, estamos condenados a la enfermedad de la corrupción sistémica.
